Demandan Ley que restablece artículo del Código Judicial | #EcoNews
ECO, 01 Dec 2021
Panamá, 30 de noviembre de 2021
La acción fue interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño en rechazo a la nueva norma que le otorga la facultad a la Corte Suprema de Justicia de investigar los delitos comunes y las faltas administrativas de funcionarios de alto perfil como magistrados del Tribunal Electoral, ministros, procuradores y el contralor de la República. El jurista señaló que a su juicio esto es inconstitucional porque extermina el artículo 220 de la Carta Magna donde dice que es atribución del Ministerio Público el vigilar la conducta oficial de los funcionarios, es decir, por faltas administrativas y no puede ser que la Asamblea Nacional en aras de congraciarse con alguna persona alto perfil expida esa normativa.
La decisión del Ejecutivo se da justo en medio de investigaciones del procurador de la Administración, Rigoberto González, por irregularidades en un contrato de imagen a favor del del contralor Gerardo Solís. Por este caso, los magistrados se pronunciaron y alegaron que la Corte no es competente para conocer el fondo de estas faltas, debido a que asunto de la Procuraduría de la Administración.
“Ahora puede que aquellas personas de alto perfil presenten amparos de garantías constitucionales diciendo que ya el procurador es competente o la Antai. Yo creo que es una buena oportunidad que tiene la Corte Suprema de Jusitica de hacer lo que corresponde”, indicó Cedeño.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, ha dicho que la Corte Suprema de Justicia no tiene capacidad de asumir los asuntos que tiene hoy de forma rutinaria con el presupuesto que se tiene asignado. “Agregarle nuevos asuntos sin hablar sobre su presupuesto obviamente plantea un desafío adicional”, puntualizó.
Araúz rechazó la ley aprobada por la Asamblea Nacional y aseguró que el único mecanismo legal para implementarla sería a través de una reforma constitucional. “La función de investigar asuntos administrativos o trasladarlos al escenario judicial es un contrasentido”, aseguró.
El proyecto de ley fue llevado a la Asamblea Nacional por el diputado del PRD, Roberto Ábrego, quien logró en la última semana de la primera legislatura del tercer período una aprobación expedita en los tres debates.
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La acción fue interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño en rechazo a la nueva norma que le otorga la facultad a la Corte Suprema de Justicia de investigar los delitos comunes y las faltas administrativas de funcionarios de alto perfil como magistrados del Tribunal Electoral, ministros, procuradores y el contralor de la República. El jurista señaló que a su juicio esto es inconstitucional porque extermina el artículo 220 de la Carta Magna donde dice que es atribución del Ministerio Público el vigilar la conducta oficial de los funcionarios, es decir, por faltas administrativas y no puede ser que la Asamblea Nacional en aras de congraciarse con alguna persona alto perfil expida esa normativa.
La decisión del Ejecutivo se da justo en medio de investigaciones del procurador de la Administración, Rigoberto González, por irregularidades en un contrato de imagen a favor del del contralor Gerardo Solís. Por este caso, los magistrados se pronunciaron y alegaron que la Corte no es competente para conocer el fondo de estas faltas, debido a que asunto de la Procuraduría de la Administración.
“Ahora puede que aquellas personas de alto perfil presenten amparos de garantías constitucionales diciendo que ya el procurador es competente o la Antai. Yo creo que es una buena oportunidad que tiene la Corte Suprema de Jusitica de hacer lo que corresponde”, indicó Cedeño.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, ha dicho que la Corte Suprema de Justicia no tiene capacidad de asumir los asuntos que tiene hoy de forma rutinaria con el presupuesto que se tiene asignado. “Agregarle nuevos asuntos sin hablar sobre su presupuesto obviamente plantea un desafío adicional”, puntualizó.
Araúz rechazó la ley aprobada por la Asamblea Nacional y aseguró que el único mecanismo legal para implementarla sería a través de una reforma constitucional. “La función de investigar asuntos administrativos o trasladarlos al escenario judicial es un contrasentido”, aseguró.
El proyecto de ley fue llevado a la Asamblea Nacional por el diputado del PRD, Roberto Ábrego, quien logró en la última semana de la primera legislatura del tercer período una aprobación expedita en los tres debates.
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