Panamá, 05 de enero de 2023



Organizaciones de la sociedad civil consideran que la nueva ley de la Contraloría de la República sancionada por el presidente Laurentino Cortizo debilita la institucionalidad democrático del país.



La institución encargada de la fiscalización, uso y control de los bienes y recursos del Estado ha desatado una polémica porque ahora se le permitirá al contralor decidir qué investigaciones hacer o no de forma discrecional.



La iniciativa crea un nuevo blindaje, según Giulia de Sanctis, de la Coalición contra la Corrupción.



Hasta el momento 10 organizaciones civiles no avalan la ley 351, porque la ven con una concentración del poder muy peligrosa. Advierten que será demandada ante la Corte Suprema de Justicia.



El Contralor Gerardo Solís goza de la facultad para aprobar o cerrar a su criterio los informes de auditorías e investigaciones.



Tras los cuestionamientos el Contralor Gerardo Solís invitó a las organizaciones para abordar las pretensiones.


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